La organización opositora presentó un informe sobre el sistema de justicia en el que denuncia desacato a decisiones del Tribunal Constitucional, cuestiona reformas legales impulsadas por el oficialismo y propone una agenda para fortalecer el Estado de derecho.
Santo Domingo, República Dominicana. — La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este miércoles que el Gobierno continúa incumpliendo sentencias del Tribunal Constitucional (TC), al tiempo que presentó un informe preliminar sobre la situación del sistema de justicia en el país, en el que advierte sobre un deterioro de la institucionalidad y la seguridad jurídica.
El titular de la Secretaría de Justicia de la organización política, Hotoniel Bonilla, afirmó que el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional «no es opcional, sino una obligación del Estado», y sostuvo que el Poder Ejecutivo mantiene el desacato a fallos emitidos por la alta corte.
Como ejemplo, citó la sentencia TC/1003/23, que estableció criterios para impedir el cobro de la tasa de US$10 correspondiente a la tarjeta de turista a ciudadanos dominicanos. Según Bonilla, pese a esa decisión, la administración pública continúa percibiendo esos recursos.
El dirigente opositor también expresó preocupación por la aprobación de leyes que, a su juicio, contradicen decisiones previas del Tribunal Constitucional y afectan derechos fundamentales, lo que considera un factor de debilitamiento de la institucionalidad democrática.
Cuestiona reformas impulsadas por el oficialismo
Bonilla aseguró que el informe elaborado por la nueva Secretaría de Justicia identifica un proceso de inestabilidad normativa derivado de una práctica legislativa que calificó como «reactiva, improvisada y subordinada a intereses coyunturales».
A su entender, el uso de la mayoría oficialista en el Congreso Nacional ha permitido la aprobación de reformas legales que responden a decisiones del Poder Ejecutivo, generando una crisis de confianza en las instituciones.
Entre las iniciativas cuestionadas mencionó las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones, la legislación sobre fideicomisos públicos, la extensión del contrato de concesión de los aeropuertos, las reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los cambios introducidos al Código Penal antes de su entrada en vigencia.
Preocupación por seguridad y derechos humanos
En materia de seguridad ciudadana, Bonilla afirmó que el país carece de una estrategia integral para enfrentar la criminalidad y denunció la ausencia de estadísticas confiables sobre personas desaparecidas.
Indicó que, según datos oficiales citados en el informe, durante 2025 fueron reportadas alrededor de 1,300 personas desaparecidas, mientras que desde 2022 la cifra supera las 3,000, al tiempo que consideró insuficientes los mecanismos de búsqueda y la información ofrecida a los familiares.
Asimismo, manifestó preocupación por las muertes de ciudadanos durante intervenciones de agentes de la fuerza pública y solicitó que cada caso sea investigado de forma independiente por el Ministerio Público, con estricto respeto al debido proceso.
Respecto al sistema penitenciario, planteó fortalecer un modelo enfocado en la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, conforme a los principios establecidos en la Constitución.
Presentan agenda de reformas
Bonilla informó que la Secretaría de Justicia impulsará una agenda nacional centrada en la estabilidad normativa, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Entre las iniciativas anunciadas figuran la defensa de la independencia del Poder Judicial y de la autonomía del Ministerio Público, así como la creación de un mecanismo de monitoreo, en coordinación con la Secretaría de Asuntos Electorales de la Fuerza del Pueblo, para dar seguimiento a actuaciones gubernamentales que, según afirmó, puedan generar ventajas electorales.
También anunció que el partido ofrecerá acompañamiento a víctimas de presuntas violaciones de derechos fundamentales y promoverá un debate nacional sobre nuevas reformas al sistema de justicia.
Fortalecimiento institucional del partido
Durante la actividad participaron el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña; el secretario general, Antonio Florián (Peñita); además de Roberto Rosario, Henry Merán, Daniel Beltré, Gideon Santos y Narcisa Pujols, entre otros dirigentes.
Florián explicó que la creación de la Secretaría de Justicia responde al proceso de fortalecimiento institucional de la organización y a la adecuación de su estructura tras la creación del Ministerio de Justicia, con el propósito de elaborar propuestas jurídicas y dar seguimiento al sistema judicial de cara a las elecciones de 2028.
