Más de 330,000 haitianos en Estados Unidos podrían perder sus permisos de trabajo y quedar expuestos a procesos de deportación. En Florida, donde reside la mayor comunidad haitiana del país, crece el temor mientras el Congreso decide el futuro del programa.
Miami, EE. UU. La incertidumbre y el temor dominan a miles de haitianos en Estados Unidos ante la inminente expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa migratorio que protege de la deportación y autoriza a trabajar legalmente a ciudadanos de países afectados por conflictos o desastres.
Se estima que alrededor de 330,000 haitianos están amparados por el TPS en Estados Unidos, de los cuales 158,000 residen en Florida, especialmente en el área metropolitana de Miami, donde la comunidad teme perder sus empleos y enfrentar procesos de deportación.
«Se olvidan de lo que hicimos por ellos. Jugamos un papel muy importante en la vida de Estados Unidos. Lo que está pasando es inaceptable e inhumano», expresó a la agencia EFE Carline Paul, conocida en la comunidad como Teacher Carline, durante una actividad en el Centro Cultural de la Pequeña Haití de Miami.
Carline llegó a Estados Unidos cuando tenía 10 años y ha vivido más de cinco décadas en Florida. Aunque ya es ciudadana estadounidense, varios miembros de su familia, incluidos sus nietos, dependen del TPS para permanecer y trabajar legalmente en el país.
El tiempo corre para miles de beneficiarios
La preocupación aumentó luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) fijara el 24 de julio como la fecha de expiración del programa para los haitianos.
La decisión se produce después de que la Corte Suprema autorizara al Gobierno del presidente Donald Trump a poner fin al TPS para esta población, aunque organizaciones de defensa de inmigrantes sostienen que la terminación definitiva aún depende de procedimientos judiciales pendientes en un tribunal federal.
Mientras tanto, miles de beneficiarios permanecen en un limbo legal, sin saber si podrán conservar sus empleos o permanecer en el país.
Impacto económico
Además del impacto migratorio, el eventual fin del TPS tendría consecuencias económicas para Florida.
Según la organización FWD.us, los haitianos protegidos por este programa generan aproximadamente 2,600 millones de dólares al año para la economía del estado, de los cuales unos 1,500 millones corresponden al área metropolitana de Miami.
Muchos de ellos trabajan en sectores esenciales como la atención sanitaria, el cuidado de adultos mayores, la construcción y la hostelería.
El costo emocional
Para Lilly, una organizadora comunitaria que prefirió reservar su identidad, la incertidumbre está provocando un fuerte desgaste emocional entre los inmigrantes haitianos.
«Vivir con ese miedo hace mucho daño. Es un desgaste mental y emocional», relató a EFE.
Explicó que muchas personas temen salir de sus casas y que incluso ella se despierta durante la madrugada con la preocupación de ser detenida únicamente por su estatus migratorio.
«Cada día pensamos qué pasará mañana o dentro de un año. No somos personas que llegaron ayer; llevamos años trabajando y pagando impuestos», afirmó.
La esperanza está en el Congreso
Los defensores del TPS mantienen la esperanza de que el Congreso estadounidense apruebe una extensión del programa.
En abril, la Cámara de Representantes dio luz verde a un proyecto de ley que propone prorrogar la protección para los haitianos hasta abril de 2029, aunque la iniciativa aún espera ser debatida y votada en el Senado.
«Tengo esperanza porque seguimos luchando. Donde hay voluntad, siempre existe un camino», aseguró Carline.
Un país sumido en la crisis
La preocupación también está ligada a la situación que vive Haití, inmerso en una profunda crisis humanitaria y de seguridad.
De acuerdo con datos de Human Rights Watch, más de 8,200 personas fueron asesinadas entre enero de 2025 y marzo de 2026, en medio de la violencia ejercida por grupos armados que controlan amplias zonas del país.
Ante ese panorama, muchos beneficiarios consideran que regresar a Haití pondría en riesgo sus vidas y las de sus familias.
«A pesar de todo lo que está pasando, debemos permanecer unidos. Detrás de las leyes y de las políticas hay personas reales, familias reales. Somos seres humanos y merecemos vivir con dignidad», concluyó Lilly.
