Cinco de los diez imputados en el presunto fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) han iniciado negociaciones con el Ministerio Público para acogerse a un acuerdo de penal abreviado, admitiendo su responsabilidad en los hechos que se les imputan.
Según una fuente vinculada a la investigación, la contundencia de las evidencias reunidas por el Ministerio Público ha incrementado la presión sobre los acusados, motivando a varios de ellos —incluidos algunos que cumplen prisión preventiva— a buscar una salida procesal mediante este mecanismo legal.
La fuente indicó, además, que otros imputados también estarían evaluando acogerse a un acuerdo similar con el órgano persecutor.
Las negociaciones se producen mientras la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) prepara una nueva etapa de la investigación, denominada «SeNaSa 2.0», que ampliaría el alcance del proceso hacia nuevos implicados.
En tanto, el próximo 30 de julio, el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados que permanecen en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Presunto fraude supera los RD$19,000 millones
El Ministerio Público sostiene que la presunta estructura de corrupción defraudó al Estado dominicano con más de RD$15,000 millones, aunque investigaciones posteriores elevaron el monto a más de RD$19,000 millones. De acuerdo con la acusación, el entramado habría operado entre 2020 y 2025.
Entre los principales imputados figuran el exdirector ejecutivo del SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, además de otros exfuncionarios y suplidores de la aseguradora estatal.
También están acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes previamente admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios del SeNaSa. Esa colaboración con la investigación les permitió obtener arresto domiciliario en sustitución de la prisión preventiva.
Cargos e investigación en curso
Los imputados enfrentan acusaciones por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, ha reiterado que las pesquisas continúan y que no se circunscriben únicamente a hechos del pasado, sino que también abarcan a otros actores presuntamente vinculados con la administración actual del organismo.
