La defensa del exministro de Obras Públicas asegura que no hubo estafa contra el Estado y que se «armó» un caso para dañarlo políticamente por la cantidad de votos que obtuvo en el 2020
Los abogados de Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en las elecciones de 2020, aseguran que no existió ninguna estafa al Estado como refiere el Ministerio Público, por concepto de libramientos de pagos de tierras declaradas de utilidad pública y a contratistas en el Gobierno de Danilo Medina.
La defensa de Castillo afirma que el órgano acusador «armó» ese caso de corrupción, con el único interés de desaparecer políticamente a su defendido, por lo que éste es la única víctima en el expediente sometido a los tribunales, en cuya primera resolución, emitida el pasado viernes, se favoreció al imputado con un no ha lugar.
«No hay estafa, cero peso, al Estado no se le estafó», dijo ayer Laura Acosta, quien encabeza el bufete de abogados que representa al excandidato presidencial y que, tras ser favorecido por la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, dijo que va «con to´ » nuevamente, por la Presidencia de la República, en el 2028.
En un Diálogo Libre de este periódico, Acosta respondió que, en cuanto a las expropiaciones, esas tierras eran ajenas y que el Estado las usó para obras, «entonces, el dinero que hay que pagarle a esas personas el Estado lo debe, no es propiedad del Estado».
Lo mismo dijo sobre el programa de financiamiento de contratistas que, según los fiscales, le costó a los contribuyentes más de 21,000 millones de pesos. En ese proyecto, explica la representante de Castillo, para «inflar» el expediente se sumó la totalidad de lo que se debía en ese momento a todos los contratistas del país, incluso a los que están ejecutando obras actualmente. En la parte que tiene que ver con la presunta extorsión a las bancas de loterías, dijo que la defensa de Donald Guerrero demostró que el exministro de Hacienda «lo que estaba haciendo era regularizando las bancas».
A la pregunta de por qué ella entiende que se envió a juicio de fondo a Guerrero y a los otros 34 acusados, entre ellos, 10 empresas, la jurista respondió que con esa decisión la jueza no establece culpabilidad, sino que, como la misma magistrada explicó, «existen los suficientes elementos para que en un juicio se discutan».
Detalló que en las supuestas extorsiones a las bancas que se citan en la acusación, se menciona a un grupo de personas en la Dirección de Casinos, del Ministerio de Hacienda, que se presentaban a las distintas bancas ilegales y los amenazaban de que tenían que darles dinero o que retornarían «a desbaratar la banca. ¿Ese dinero es del Estado?, ese dinero es de la banquera», aseguró. Dijo que solo una persona de ese grupo fue imputada, «para que se parara a hablar del ministro de Hacienda».
«El objetivo era Gonzalo»
Junto a sus compañeros Nassef Perdomo y Luis Rivas, Acosta atribuyó la acusación del Ministerio Público a Castillo, a Guerrero, al exministro Administrativo, José Ramón Peralta y a otros exfuncionarios en el caso de presunta corrupción, a la intención de «excluir» la posibilidad del excandidato presidencial peledeísta en futuras elecciones.»Planteamos en estrado, con pruebas, que la razón por la que Gonzalo Castillo está en este proceso, es porque obtuvo un porcentaje alto de votos en el proceso electoral del 2020 y había la necesidad de excluir esa posibilidad en el futuro», subrayó.
Perdomo corroboró a su compañera y añadió que el órgano acusador partió «desde la idea, sin ninguna prueba, de que eran culpables de algo». «¿De qué? De lo que fuera». Esto, dijo, viola el derecho de la presunción de inocencia, que establece la Constitución y que obliga al Ministerio Público a actuar con objetividad.
Rivas añadió que el más afectado en todo este proceso judicial y penal es el exministro de Obras Públicas, por «una acusación infundada». «Si hay una víctima, esa víctima es Gonzalo Castillo, de una acusación infundada, una acusación huérfana de pruebas», indicó.
Campaña y financiamiento
El equipo de defensa de Castillo también acusó a los fiscales de solo someter por financiamiento no declarado ante la Junta Central Electoral a su cliente, cuando «había pruebas documentales» de que otros candidatos incurrieron en esa práctica y «se ignoró». No obstante, sostuvo que ese es un tipo penal que está sancionado con multas, además de que prescribe al año.
Acusaron, asimismo, al Ministerio Público de «falsear una prueba» al presentar que un empresario de Santiago, que le había otorgado una donación a Gonzalo, no le había dado tal donación. «Resultó que sí estaba en la declaración de campaña y que esa declaración de campaña estaba sustentada en cheques que habían sido depositados», indicaron. La donación que aportó fue de un total de 20 millones de pesos en varias partidas, dijeron los abogados Perdomo, Acosta y Rivas. Aunque dijeron que no creen que el presidente Luis Abinader se involucre en las investigaciones que hace el Ministerio Público, Perdomo aseveró que ese órgano «evidentemente tiene un ojo en la política», porque, según insistió, a los exministros se les imputa de malversación sin pruebas que se les vincule.
Mencionó la instrucción, a principios del 2022, de la procuradora general en ese entonces, Miriam Germán Brito; a la directora de Persecución del momento, Yeni Berenice Reynoso, para que diera acceso a la carpeta fiscal a Donald Guerrero y que Reynoso «recurrió la decisión».
«No creo que esté en el talante del presidente (Abinader) hacer eso. Ahora, que esas autoridades del Ministerio Público han actuado siempre con un ojo puesto en la política es evidente», indicó Perdomo.
Rivas señaló al órgano persecutor de mediatizar los expedientes y presentar dos realidades, una donde se condena moralmente a los sindicados y la otra en la que lo que se somete en los tribunales es algo «parecido a un traje hecho con retazos de ropa vieja de difuntos», como en la que se incluyó a los exfuncionarios.
Entre los sometidos están además los extitulares del Consejo Estatal de Azúcar y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Silver Peña, quienes, además de Guerrero, enfrentarán un juicio de fondo con los otros acusados no favorecidos con el no ha lugar.
Los cinco contra los que, de acuerdo con la jueza, no se presentaron pruebas suficientes para dictarle apertura a juicio son, además de Gonzalo, el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; Daniel Alberto Guerrero Mena; Marcial Reyes y la notaria Rosa Arias Ruiz.
CREDITO: DIARIO LIBRE
