El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, anunció al país que apoderó formalmente a la comisión de abogados designada por el Presidente de la República, Luis Abinader, para la recuperación patrimonial de bienes del Estado, para el estudio y análisis del contrato de concesión que le fue otorgado a una empresa para la construcción a un costo de más de 22 millones de dólares, y Administración del laboratorio Balístico que realiza la captura de las huellas balísticas de las armas de fuego del país.
El funcionario indicó que el expediente fue entregado a la referida comisión a los fines de estudio y que puedan verificar si en el otorgamiento de este contrato ha habido perjuicio económico en contra del Estado dominicano, y de ser así den inicio a todas las acciones legales en procura de terminar este contrato.
“Nos tomó por sorpresa observar que en este contrato el Estado dominicano asumió el costo total de esa inversión por US$22,789,920.00 que equivalen a la suma de RD$1,273,956,528.00, de los cuales ya el Estado dominicano le ha pagado un aproximado de 19 millones de dólares, que equivalen a RD$1,062,100,000.00, y en adición, el Banco de Reservas financió con tasa preferencial la adquisición del inmueble donde opera el laboratorio”, expuso.
Al hablar ante el pleno del Senado, donde acudió a solicitud de este órgano legislativo, quien lo requirió mediante resolución para que presente el estado de situación encontrado en el Ministerio de Interior y Policía, el funcionario reveló que con relación al mencionado contrato desde el año 2014 a la fecha, los beneficiarios de dicho contrato han recibido la suma de RD$2,644,653,200.00 por parte de los licenciatarios de armas.
“Lo más grave de todo lo que encontramos al evaluar este contrato, es que información sensitiva del Estado dominicano y de la más íntima privacidad de los ciudadanos está en manos de una empresa y no bajo el control y supervisión del Estado”, apuntó.
Mafia Naturalización y Armas*Por otra parte, Vásquez Martínez, reveló que una mafia operaba en la institución en los viceministerios de Control y Regulación de Armas y Municiones, Gestión Migratoria y Naturalización, al igual que utilizaban una serie de programas fantasmas que nunca existieron y cientos de “botellas”.
Consideró como un escándalo mayúsculo lo encontrado en el área de Armas, donde se practicaba la venta de servicios, extorsión, tráfico influencias, sustracción de expedientes, expediciones de carnet con datos falsos, entre otras irregularidades que provocaron que se tomara la decisión de cerrar definitivamente este Viceministerio y la exclusión de nómina de 51 personas a finales del año pasado.
Esto también es objeto de una investigación más profunda y cuyos hallazgos fueron entregados al equipo de abogados designados por el presidente Abinader para recuperar el patrimonio público robado. Además, el ministro dispuso la realización de una auditoría a los procesos que llevaba la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), y se detectaron acciones ilícitas en la venta de servicios, extorsión, tráfico influencias, falsificación de permisos, por lo que también se desvinculó a las 557 personas que trabajaban en el COBA.
Caso Naturalización
En el caso del Departamento de Naturalización afirmó que encontró múltiples irregularidades, siendo la más grave la relacionada con procesos de naturalización realizados al margen de la Ley, en beneficio de personas que no califican para ser naturalizados, utilizando información falsa, para cuyos fines se cobraba irregularmente, hasta la suma de US$45,000.00 por naturalización.
Adelantó que estos casos han sido sometidos a investigaciones internas, en procura de obtener las pruebas suficientes y tramitarlos a la acción de la justicia.
Manifestó que ante al caos encontrado, inició junto a su equipo de trabajo un proceso de evaluación de todas las áreas, a fin de hacer los ajustes necesarios que permitan operar con eficiencia y transparencia.
Explicó que fruto de ese trabajo, en 7 meses y medio el ministerio le ha ahorrado al Estado la suma de RD$$246,175,117.68 en los renglones de combustibles, telefonía móvil, Marbetes, seguros para vehículos y la eliminación de las botellas.
“Para que tengan una idea, solo por concepto de combustibles la gestión anterior gastó en un período de 7 meses y medio un monto de 51 millones 500 mil pesos, mientras que nosotros en igual período, comprando combustible más caro y haciendo el triple de la labor que ellos realizaron, hemos consumido solo la suma de 15 millones 53 mil 500, lo que representa un ahorro mensual de más de cuatro millones de pesos, lo que significa un ahorro por los primeros 8 meses de gestión superior a los 34 millones de pesos”, precisó.
“En el caso de la flota telefónica, la gestión anterior tenía un consumo mensual de RD$851,652.00, lo cual en 8 meses significaban RD$6,813,216.00. Mientras que nosotros en igual período lo redujimos a la suma de RD$$436,606.00 ($3,492,848.00 en 8 meses), lo que significa un ahorro aproximado de un 51.4%”, sostuvo al destacar que esto representa al Estado un ahorro de RD$4,980,552.00 en el referido período.
Por otro lado, por concepto de Marbetes y Seguro de vehículos de motor, logramos un ahorro en 8 meses de gestión de RD$$96,000.00 y RD$11,768,429.20, respectivamente. *Programas fantasmas*Vásquez Martínez denunció que a su llegada al ministerio encontró la existencia de programas fantasmas, así como botellas en diferentes nóminas de la institución.
“Debo ser claro en cuanto a la eliminación de botellas, aquí había personas que cobraban sin trabajar, las tenían en diferentes nóminas, en programas fantasmas, sin tener expediente alguno, unos supuestos becados, voceros y flautistas, lo que significó un ahorro de más de 25 millones de pesos”, resaltó.
Argumentó que todas las medidas implementadas a los fines de crear una cultura de austeridad, dan señales claras al pueblo dominicano de que los recursos del Estado deben ser utilizados con eficiencia y transparencia, tanto así que en las últimas tres evaluaciones realizadas por los organismos competentes el Ministerio de Interior y Policía ha obtenido la máxima calificación en materia de transparencia.
