El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá hoy, a las 11 de la mañana, el pedido del Ministerio Público de que le sea impuesta medida de coerción al mayor general Adán Cáceres Silvestre Sánchez, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
La solicitud en este sentido ha sido hecha por el Ministerio Público, quien ha elaborado un expediente de casi 200 páginas en contra de Cáceres Silvestre y otras cuatro personas acusadas de formar parte de una estructura de corrupción que sustrajo unos 3,000 millones de pesos de fondos del Estado durante la pasada gestión gubernamental de Medina.
Cáceres, ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del expresidente Danilo Medina, fue apresado en el marco de la Operación Coral, en la que también fueron arrestados el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Girón, ambos de la Policía Nacional; y los pastores Tanner Antonio Flete y Rossy Guzmán.
El Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva contra los cinco detenidos.
Al grupo se le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Fiscalía aseguró en un comunicado que en allanamientos ha incautado «bienes millonarios» a los imputados, quienes están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva.
Modus operandi
En el expediente contra el grupo se indica que Cáceres Silvestre asignaba sueldos de entre RD$20 mil y RD$70 mil mensuales a cientos de policías y militares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), bajo condición de que le entregaran hasta el 80% de dichas sumas.
Se explica que también dicho oficial distrajo fondos millonarios de viáticos y haciendo compras fantasmas de combustibles y raciones alimenticias.
Señala que había una red de personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario, que se encargabn de hacer depósitos para la colocación de los fondos distraídos del patrimonio del Estado, pero que finamente terminaban de manera directa o indirecta en los imputados.
El Ministerio Público detalla que los oficiales se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, los cuales eran fondos distraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.
