En Puerto Príncipe, capital de Haití, pocos comercios abrieron este 2 de febrero, donde gran parte de actividades quedaron suspendidas por la segunda jornada de huelga general que los sindicatos del transporte y varias decenas de organizaciones de la sociedad civil convocaron para presionar al Gobierno a que ofrezca un clima de paz en medio de un aumento de la inseguridad, especialmente de los casos de secuestro.
De acuerdo con ‘Prensa Latina’, que cita a organizaciones de derechos humanos, en 2020 al menos 1.000 personas fueron secuestradas en el país. Ante el panorama, la embajada de Estados Unidos en Haití emitió un comunicado en diciembre de 2020 instando a sus ciudadanos a no moverse de sus casas si no era necesario.
En un mensaje a la nación emitido el 1 de febrero, el presidente Jovenel Moïse, anunció que combatirá los secuestros con “dureza” y agregó que dotará al sistema de inteligencia haitiano de “toda la tecnología para acabar» con el flagelo.
«Este secuestro, pueblo haitiano, es un secuestro que tiene un padrino y una madrina. Garantizo que los encontraré; cuando se haga, espero que nadie diga que es una persecución política o un abuso de poder», dijo Moïse en su discurso a la nación.
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La oposición exige que Moïse deje el poder el 7 de febrero; el mandatario se rehúsa
Pero los anuncios no son suficientes en un país donde la pobreza, la desigualdad y la violencia son la regla. Ante el hartazgo y en paralelo, Moïse afronta la presión de las principales organizaciones de oposición que trabajan para impulsar su salida del poder el próximo 7 de febrero.
La oposición sustenta su iniciativa en un artículo de la Constitución que establece un adelanto del inicio del período presidencial de existir problemas con el recuento de votos en las elecciones, un particular que podría ser aplicable tras lo ocurrido en los comicios de 2015, que fueron anulados por denuncias de fraude y repetidos en 2016.
El presidente, cuyo mandato inició en 2017, ha señalado que fue electo para un período de cinco años y no de cuatro, como alega la oposición. “El periodo presidencial es de cinco años en Haití, lo que significa que el mandato de Jovenel Moïse terminará el 7 de febrero de 2022″, dijo el mandatario el pasado 26 de enero de 2021.
Mientras los argumentos legales y constitucionales siguen sobre la mesa, las protestas contra el Gobierno se intensifican.
En Les Cayes, una comuna ubicada al sur del país, cientos de personas salieron a las calles para exigir el fin del mandato presidencial.
Desde 2018, la crisis política en Haití ha ido en aumento. Esta comenzó con protestas de cientos de ciudadanos que salieron a las calles para manifestarse en contra de la crisis energética, pero luego fueron sumando otros problemas como la corrupción y la crisis económica.
Para contrarrestar las protestas, que en momentos se han tornado violentas, Moïse ha propuesto la reforma a la Constitución y llevar adelante las elecciones parlamentarias que fueron suspendidas en 2019 y que agravaron la crisis.
Moïse actualmente cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y otros países, pero la Unión Europea ha condicionado las ayudas al país mientras activa mecanismos que garanticen estabilidad política
