El Ministerio Público aseguró que está listo para iniciar la presentación de más de 1,700 pruebas contra los seis implicados en el caso de corrupción relativo a los US$92 millones de sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht para lograr la adjudicación de obras públicas en la República Dominicana.
El juicio fue aplazado este jueves para el próximo martes 8 de diciembre, luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogiera una solicitud de aplazamiento hecha por la defensa de Víctor Díaz Rúa, en virtud de que uno de sus abogados dio positivo a la COVID-19, mientras que otro de esa barra está a la espera de los resultados.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca ), Wilson Camacho, afirmó que el Ministerio Público está preparado para iniciar con la presentación de las pruebas contra los imputados y dijo que hoy acudieron al tribunal varios testigos de los más de 20 que comparecerán, entre ellos, varios ciudadanos brasileños.
Al ofrecer declaraciones a la prensa a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el magistrado Camacho dijo que los testigos están ofrecidos para acreditar en el tribunal la culpabilidad de cada uno de los imputados.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo aplazaron para continuar el próximo martes 8 de diciembre a las 9:00 de la mañana para iniciar con la presentación de las pruebas por parte del Ministerio Público.
En el juicio, que se inició el pasado 5 de noviembre, el Ministerio Público ha mantenido firme la acusación contra los involucrados en este caso de corrupción. Los fiscales litigantes aseguran que, producto de las actividades fraudulentas y en complicidad con la multinacional brasileña, durante el período de 2002 a 2017 los imputados incrementaron sus patrimonios familiares con montos millonarios imposibles de justificar.
El equipo litigante del Ministerio Público lo encabeza el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
Por este caso son procesados el empresario Ángel Rondón Rijo, el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga, el expresidente del Senado Andrés Bautista, el exsenador de San Cristóbal Tommy Galán, y el también exdirector de Inapa Roberto Rodríguez.
El grupo es acusado de los delitos de sobornos, prevaricación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en escritura, que constituyen una violación a varios artículos de la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
Responsabilidades
Ángel Rondón Rijo, principal acusado del caso, se le atribuye haber recibido casi RD$1,000 millones y más de US$2.0 millones producto de sus acciones delictivas en perjuicio del Estado dominicano.
Además, al encartado Víctor Díaz Rúa se le imputa el maniobrar para difuminar el rastro de más de RD$400 millones, en tanto que el imputado Andrés Bautista García es acusado de introducir más de RD$1,800 millones en el sistema bancario en el indicado período
Igualmente, Conrado Pittaluga es acusado de administrar más de RD$100 millones en actividades ilícitas relacionadas al caso de corrupción Odebrecht.
Al exsenador Galán Grullón también se le atribuye aumentar ampliamente su patrimonio en 2016 cuando declaró RD$31,704,547.00, para un incremento en este último año de RD$12,304,547.00.
Mientras que Juan Roberto Rodríguez Hernández es acusado de recibir sobornos. Los miembros del Ministerio Público señalaron que dicho imputado en 2006 recibió ingresos por salarios por un monto de RD$2,047,772.98, pero colocó en el sistema financiero RD$23,070,050.33.
Tras responder la acusación por los hechos de corrupción durante el juicio, los imputados se negaron a responder las preguntas de los representantes del Ministerio Público y someterse a un interrogatorio en el que sus afirmaciones confronten un debate contradictorio que contribuya a la edificación del tribunal.
