La jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, ordenó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, mayor general Adán Cáceres Silvestre, imputado de desfalco al Estado en el denominado caso Coral.
Lo mismo fue dispuesto contra el teniente coronel (PN) Rafael Núñez de Aza, del sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, la pastora evangélica Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, supuestos testaferros de Cáceres.
Asimismo, la Magistrada impuso prisión domiciliaria por igual periodo al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien reveló en el tribunal cómo supuestamente el grupo desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Girón Jiménez declaró la semana pasada que en la nómina de Cestur y Cusep se incluían a personas que no prestaban servicio, pero cobraban un dinero que terminaba en manos de los altos mandos.
Entre los delitos que se le imputa al grupo figuran asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Tras el fallo de Romero, los representantes del Ministerio Público aseguraron que continuarán trabajando para desmantelar la supuesta red, en la que están involucrados otros altos mandos militares.
Félix Portes
De su lado, Félix Portes, abogado de Núñez de Aza, dijo que estudiará la decisión de la jueza Romero para sopesar si apelará o no.
“Vamos a ver la resolución para determinar los fundamentos de ella y ver si se apela o si se hace una revisión”, expresó Portes a su salida de la audiencia.
Dijo que “es importante resaltar que en esta situación que se dio hoy, obviamente, es una situación de desfalco, no hay una auditoría; es una situación de supuesta falsificación de sellos a la Contraloría, no hay una certificación del Inacif que establezca que hayan sellos falsificados”.
