El Ministerio Público contempla la posibilidad de dejar sin efecto el acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht, en el marco del proceso de corrupción por los US$92 millones en sobornos a exfuncionarios, debido a los obstáculos del proceso provocados por la ausencia en el tribunal de los ejecutivos de la constructora brasileña citados al juicio en calidad testigos.
“Como consecuencia de la ausencia de estos testigos que deberían estar aquí, partiendo del acuerdo que existe entre el Ministerio Público de República Dominicana y Odebrecht, el Ministerio Público está considerando la posibilidad de dejar sin efecto este acuerdo”, declaró a la prensa el procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabeza la representación del órgano de la persecución en el caso.
El magistrado Camacho calificó como una falta de Odebrecht hacia el sistema de justicia dominicano que ni Mauricio Dantas Bezerra ni Rodrigo Maluf Cardoso, ejecutivos de la compañía constructora, hayan comparecido a las anteriores audiencias del juicio que se ventila en el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, al que el Ministerio Público los presenta como testigos.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado, convocaron a audiencia este 21 de diciembre, para la continuidad del juicio, previo al cual Camacho respondió preguntas de reporteros de la fuente judicial.
El también titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) resaltó que, ante la no comparecencia de estos dos testigos, el tribunal emitió una orden de conducencia contra ellos, que el Ministerio Público acatará en los términos establecidos, a fin de comparezcan en el proceso que se les sigue a seis acusados.
De modo que, según explicó, los ejecutivos de la constructora deben presentarse al juicio en el que han sido admitidos como testigos.
El proceso judicial, por los US$92 millones en soborno para favorecer a Odebrecht con la concesión de obras del Estado, tiene como imputados a Ángel Rondón Rijo, exrepresentante de Odebrecht en el país; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa); Roberto Rodríguez, exdirector del Inapa; Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Galán, exsenador por San Cristóbal, y al abogado Conrado Pittaluga.
