Natividad Ramona Santos, Wendy Altagracia Valdez y Pilar Antonia Rufino Díaz solicitaron al Consejo del Poder Judicial revocar los movimientos de sala y advirtieron que podrían acudir a la vía administrativa si no reciben respuesta en tres días hábiles.
SANTO DOMINGO.– Tres juezas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo presentaron una objeción formal ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ) contra los traslados de sala aprobados recientemente, al considerar que la decisión fue adoptada sin su consentimiento y constituye un acto de “arbitrariedad, ilegalidad y retaliación” en su contra.
Las magistradas Natividad Ramona Santos, Wendy Altagracia Valdez y Pilar Antonia Rufino Díaz dirigieron su comunicación al presidente del CPJ y de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, así como a los demás integrantes del órgano de gobierno judicial.
En el documento, fechado el 22 de agosto de 2026, las juezas expresaron su rechazo a los movimientos aprobados mediante el acta del Consejo del Poder Judicial correspondiente al 19 de agosto y aseguraron que conocieron la decisión “con mucho asombro”.
“Nunca hemos solicitado traslado, ni se ha consultado o pedido nuestra anuencia para ello, lo cual convierte dichos traslados en un acto de arbitrariedad, ilegalidad y retaliación en nuestra contra”, señalaron en la instancia.
Los cambios cuestionados
De acuerdo con la comunicación, la decisión del CPJ establece varios movimientos dentro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo.
La magistrada Natividad Ramona Santos fue trasladada de la Tercera a la Segunda Sala, mientras que Wendy Altagracia Valdez pasó de la Segunda a la Tercera Sala.
En tanto, la magistrada Pilar Antonia Rufino Díaz fue movida de la Primera a la Tercera Sala.
Las tres juezas cuestionan que estos cambios fueran dispuestos sin que previamente se les consultara ni se obtuviera su consentimiento, situación que, según sostienen, vulnera las garantías que protegen a los magistrados de carrera frente a traslados no consentidos.
Alegan violación a la Ley de Carrera Judicial
Las magistradas fundamentaron su objeción en el párrafo del artículo 18 de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial, disposición que, según su interpretación, establece la necesidad de contar con la anuencia previa del juez para realizar un traslado o ascenso.
En su comunicación, señalaron además que las tres cuentan con más de 23 años de trayectoria dentro del Poder Judicial y alrededor de nueve años de permanencia en las salas donde se encontraban asignadas.
Según las juezas, la Dirección General de Administración y Carrera Judicial habría justificado la recomposición de las salas bajo la figura de “movimientos internos”, sustentada en criterios relacionados con la experiencia de los magistrados y las necesidades del servicio.
Sin embargo, consideran que esa argumentación no elimina la obligación de respetar las garantías de los jueces de carrera y cuestionaron el procedimiento utilizado para disponer sus reubicaciones.
Invocan independencia e inamovilidad judicial
Las magistradas sostienen que los cambios pueden afectar su derecho al buen nombre y generar suspicacias respecto de su desempeño profesional, al no haberse explicado de manera suficiente las razones específicas que motivaron sus movimientos.
También plantearon que la decisión perjudica a magistradas de carrera para favorecer ascensos de jueces masculinos, argumento con el que buscan poner de manifiesto lo que consideran un trato desigual dentro del proceso de reorganización.
Como parte de su fundamentación jurídica, citaron la sentencia TC/0364/21 del Tribunal Constitucional, precedente en el que, según explicaron, se reconoció que los traslados no consentidos pueden vulnerar las garantías de inamovilidad e independencia judicial previstas en el artículo 151 de la Constitución dominicana.
Las juezas consideran que esas garantías resultan esenciales para preservar la independencia de los magistrados y evitar que las decisiones administrativas puedan utilizarse como mecanismos de presión o afectación de su estabilidad dentro de la carrera judicial.
Solicitan revocar los traslados
Ante esta situación, Santos, Valdez y Rufino Díaz solicitaron formalmente al Consejo del Poder Judicial dejar sin efecto las decisiones mediante las cuales fueron trasladadas de sala.
Las magistradas otorgaron al órgano un plazo de tres días hábiles para recibir una respuesta a su reclamación y advirtieron que, en caso de que su solicitud no sea atendida, se reservan el derecho de ejercer las acciones correspondientes por la vía administrativa.
La objeción fue dirigida, además de Molina Peña, a los demás integrantes del Consejo del Poder Judicial: Manuel Aurelio Hernández Victoria, consejero representante de la Suprema Corte de Justicia; Karen Josefina Mejía Pérez, consejera representante de las Cortes de Apelación; Keila E. González Belén, consejera representante de los Tribunales de Primera Instancia; y Katherine A. Rubio Matos, consejera representante de los Juzgados de Paz.
El reclamo coloca bajo cuestionamiento la decisión administrativa de reorganizar las salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo y abre la posibilidad de que el Consejo del Poder Judicial tenga que revisar el procedimiento utilizado para efectuar los movimientos.
Las magistradas esperan que el órgano de gobierno judicial reconsidere la medida y restablezca su asignación anterior, al entender que cualquier modificación de esa naturaleza debe realizarse dentro del marco legal y respetando las garantías de independencia, estabilidad e inamovilidad que corresponden a los jueces de carrera.
Mientras aguardan la respuesta del Consejo, las tres magistradas dejaron constancia formal de su oposición a los traslados y de su intención de utilizar los mecanismos legales disponibles para defender su posición.
