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La profesora y expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, María
Teresa Cabrera, sostiene que la existencia de errores en algunos textos
escolares no pueden ser minimizados y deben ser corregidos de manera
inmediata, sin embargo precisa, que lo que realmente motiva las denuncias de
las empresas editoriales, es que no podrán seguir percibiendo alrededor de 6
mil 456 millones de pesos que el ministerio de Educación pagaba por la
impresion los libros.
En ese sentido, Cabrera, que también es candidata a la presidencia por el
Partido Frente Amplio, señala, que para el año escolar 2021-2022, solamente
la compra de una parte de los libros del Nivel Inicial y del Nivel Primario costó
al pueblo dominicano 3 mil 800 millones de pesos y que si se suma a esto una
adenda de 800 millones para la compra de libros de inglés, Educación Física y
Artística para esos mismos niveles y una licitación de mil 856 millones de pesos
para la compra de libros del Nivel Secundario, que no se llegaron a ejecutar,
estaríamos hablando de 6 mil 456 millones de pesos.
“En contraste con ese monto de 6 mil 456 millones de pesos, la producción de
los libros, impresos y digitales, para todos los niveles: Inicial, Primaria y
Secundaria, con la contratación de la Academia de Ciencias, la Academia de
Lengua, la Academia de la Historia, el Archivo General de la Nación, más cinco
universidades, Fe y Alegría y el EPISCOPADO, tuvo un costo, según datos del
MINERD, inferior a mil 200 millones de pesos, pueden ser descargados
gratuitamente por cualquier persona y la propiedad es del Estado, por tanto,
pueden ser actualizados cuantas veces sea necesario y reimprimirlos sin tener
que volver a licitar su compra”, enfatizó la maestra.
Dice que bajo esa lógica, las empresas editoriales hacen entender como algo
pecaminoso, lo que ellos llaman “estatización” de la producción de los libros de
texto del sistema educativo. Pero argumenta que lo que en realidad protestan
las citadas empresas es la Ordenanza 03-2022 del Consejo Nacional de
Educación, mediante la cual se crea la UNIDAD EDITORIAL del MINERD y se
dispone la preparación, selección y difusión de medios educativos, libros de
texto, instrumentos didácticos, audiovisuales entre otros recursos, por parte del
Estado, para garantizar que las y los estudiantes puedan tener acceso gratuito
a un costo menor para el pueblo que es quien aporta el dinero del presupuesto
de educación a través de los impuestos que paga al Estado.
Cabrera enfatiza que el Estado no está obligado a comprarles a las empresas
editoriales 4 0 5 veces más caro, cuando en este país todavía hay familias que
no encuentran cupo para inscribir sus hijos e hijas en la escuel porque faltan
aulas. Y entiende que “el dinero del Estado sale del sudor de cada dominicano
y dominicana, de los impuestos que pagamos, por tanto, debe ser utilizado con
racionalidad y pulcritud y que se puede dialogar sobre contenido, enfoque, etc.
pero lucrar con el dinero del pueblo no puede convertirse en un derecho para
nadie”.
Propone, que el MINERD debe hacer las correcciones necesarias, evaluar el
tiempo pertinente para realizar un trabajo de esa naturaleza y robustecer el
área encargada de la evaluación final del producto recibido para evitar que
errores como los identificados en algunos de los libros se repitan, pero debe
estar claro que la definición y aplicación de una política editorial del Estado es
