SANTO DOMINGO: El Senado de la República convirtió en ley este martes
a unanimidad el proyecto de extinción de dominio para el decomiso de
bienes ilícitos en la República Dominicana, acogiendo las más de
cuarenta enmiendas que hizo la Cámara de Diputados.
Por tal motivo el senador José del Castillo Saviñón, resaltó la
importancia que tiene el sistema bicameral conformado por el Senado y
la Cámara de Diputados, en la República Dominicana.
El congresista señaló que gracias a ese equilibrio que representan a
través de las comisiones de ambas cámaras legislativas, hoy se aprobó
sin mayores contratiempos la ley de extinción de dominio.
Dijo que las modificaciones con las que hoy se aprobó, dotan al país
de un instrumento legal que permitirá combatir la corrupción sin caer
en la inconstitucionalidad, que era a lo que se oponía cuando se
conoció primero en el senado.
«Quiero reconocer la labor del Congreso Nacional que como órgano
bicameral ha actuado constitucionalmente, lo que demuestra que si
funciona y es posible mantenerlo», manifestó Del Castillo Saviñón.
El legislador que representa la provincia de Barahona en el Senado,
entiende que se salvó el proyecto con las modificaciones que se
hicieron en la Cámara de diputados, lo que evitará requerimientos de
inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional.
La pieza legislativa fue presentada por separado por los senadores
Antonio Taveras Guzmán (Provincia Santo Domingo); Milcíades Franjul
(Peravia); Félix Bautista (San Juan); Aris Yván Lorenzo (Elías Piña);
y José Del Castillo Saviñón (Barahona).
La extinción de dominio es una normativa jurídica dirigida contra los
bienes de origen o destinación ilícita, la cual constituye una
herramienta para la persecución de los activos obtenidos a través del
crimen organizado, la corrupción y otras actividades criminales.
El proyecto de ley establece reglamentos para los procesos de
extinción de dominio de bienes ilícitos, previstos en la Constitución
de la República Dominicana. Además, define las competencias y
facultades de las autoridades responsables de su aplicación.
La normativa constituye, además, una herramienta para castigar la
corrupción administrativa, el lavado de activos, el tráfico de drogas,
la trata de personas, incluyendo inmigrantes ilegales y el
proxenetismo, entre otros delitos.
