Inversionistas extranjeros y dominicanos demandaron del Poder Judicial y el Ministerio Público hacer valer sus derechos a los fines de erradicar la corrupción en dicha instancia de poder, y que le caiga todo el peso de la ley a los jueces, fiscales, abogados, notarios y demás funcionarios judiciales que cometan actos indecorosos en el ejercicio de sus funciones, para de esa manera poder seguir inspirando confianza en la sociedad.
La petición fue hecha por los empresarios norteamericanos Julián Rodríguez, Carol Jaramillo, la china HUANG KITTY QUA, así como los dominicanos Eduardo Vásquez Matos, Julio César Núñez Alvarado y Continental Progreso Turístico, a través de su abogado Georges López Hilario, quien reveló que dichos inversionistas tienen varios años demandando justicia en el país, ya que fueron estafados en el año 2013, con alta suma de dinero, y también han sido víctimas del despojo de posesión, plantaciones agrícolas y robo de ganado.
López señaló que por este hecho fueron sometidos a la justicia en el año 2018, los jueces del Tribunal Superior de Tierras de San Francisco de Macorís, Héctor Bienvenido de Jesús Cabral, Ramón Emilio Inoa Peña, Miguelina Vargas Santos, entre otros, a quienes imputan de dictar una ordenanza designando un secuestrario judicial de un inmueble en base a fotocopias de contratos viciadas de falsedad, lo cual incluye los tipos penales de prevaricación, falsedad en documento público y privado, uso de documentos falsos, soborno, asociación de malhechores, abuso de autoridad y en el ejercicio de autoridad pública y legal, robo agravado, complicidad entre otras violaciones. También fueron sometidos los procuradores fiscales de Nagua, Braulio Duarte y Juan Antonio Mateo Ciprián, así como el notario Onésimo García Rosario entre otros.
Al hablar en rueda de prensa previo al conocimiento del recurso de objeción elevado por las víctimas querellantes y actores civiles, para que sean juzgados ante la jurisdicción privilegiada los jueces, fiscales, notarios y abogados que han violado la ley penal, en detrimento de dichos inversionistas, López Hilario afirmó que llegó el momento de enviar una señal clara de que los privilegios deben acabar en el país, comenzando con la justicia.
´´Por eso, es que abogamos para que sean sancionados los miembros del Poder Judicial y Ministerio Público que prevariquen, en consonancia con lo establecido en el Código Penal dominicano el cual permite sancionar los ilícitos penales y actos de corrupción, pues la tendencia universal, cuyo fenómeno positivo también está ocurriendo en República Dominicana, es que no existan “vacas sagradas ni inimputables, sin importar que sean jueces, fiscales, senadores, diputados, pues si altos funcionarios del Poder Ejecutivo, legislativo y mundo militar son judicializados, también deben serlo los miembros del Poder Judicial y Ministerio público, lo que permite sanear y transparentar la justicia”, aseguró López Hilario.
Precisó que además, es inaceptable la historia de corrupción a lo interno del Poder Judicial lo que se ha significado que el pueblo aún en los tiempos actuales, no tenga confianza en la justicia, lo que revela que los jueces no son impolutos y su comportamiento no está teniendo el escrutinio social que esa investidura amerita.
‘’ Por tanto, el cambio debe llegar al fuero del poder judicial y órganos del Ministerio Público, para erradicar la corrupción, de lo cual históricamente, gestión tras gestión, se denuncia en todas sus manifestaciones, sin consecuencias jurisdiccionales, teniendo los jueces no probos como única sanción la destitución, lo que promueve el círculo de corrupción pues dichos funcionarios asumen el riesgo de su destitución por enriquecimiento ilícito.
Indicó que si falta la justicia, falta la democracia, la debilidad de nuestra democracia es directamente proporcional a la falta de justicia por seguridad jurídica, pero para erradicar la corrupción se requiere una voluntad indomable en la persecución de actos de corrupción sin escape y privilegios de ninguna índole, lo que es una lucha de todo los poderes del estado para poder garantizar la seguridad ciudadana en la República Dominicana.
