La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), informó que este próximo lunes a las 10 de la mañana estará entregando a los senadores de la república, en el Congreso Nacional un análisis explicativo del alcance jurídico y contenido del contrato de fideicomiso para la administración de la termoeléctrica Punta Catalina, exponiendo en el mismo, la improcedencia y violaciones a la constitución y leyes de la república.
El referido informe aclarará contundentemente todas las desinformaciones y manipulaciones que se han hecho alrededor de las quiméricas virtudes planteadas sobre el fideicomiso de punta catalina, veremos en detalles si hay o no en el fondo una privatización de punta catalina, de si quedaría en manos del estado por los próximos 30 años, o si estarían obligado a manejarse con las leyes estatales sobre transparencia y si tienen obligación de licitar al tenor de esas leyes,o más importante aún, cuáles son las funciones meramente decorativas de la Fiduciaria Banreservas, frente al control hegemónico y absoluto de cinco personas físicas, encabezadas por Celso Marranzini, bajo la denominación de un Comité Técnico, incluso con la capacidad de venderle acciones o participación a cualquier persona en el negocio que representaría Punta Catalina.
Lamentamos que al parecer el señor Ministro de Energía Minas, Antonio Almonte, no se ha orientado adecuadamente del alcance y contenido del referido contrato, repitiendo con ello el penoso incidente, que llevó a los diputados a aprobar y darle el visto bueno, a un contrato, que ni siquiera leyeron, con la agravante que podría pasar lo mismo en el senado de la república, situación que nos ha llevado a preparar y servir el próximo lunes a los senadores de la república, un análisis del contrato para entregar en fideicomiso por 30 años a Punta Catalina.
En otro orden, el Tribunal Superior Administrativo (TSA), se reservó el falló de solicitud de medida cautelar interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia, que busca anular las resoluciones de la Superintendencia de Electricidad que ordenan el supuesto desmonte gradual del subsidio que hace el Gobierno a la tarifa eléctrica.
La fundación, que preside el abogado Trajano Potentini, entiende que las resoluciones fueron emitidas en franca violación al debido proceso administrativo para la producción de normas de alcance general, a la Constitución de la República, a varias leyes, incluyendo entre ellas la ley General de Electricidad.
La institución accionante considera que un aumento paulatino, hasta el 2026, cada 3 meses, como plantea la superintendencia en sus resoluciones, resultaría criminal e inflacionario, incluso a las puertas de provocar un estallido social, dado que los incrementos impactarían fundamentalmente a las grandes y más carenciadas mayorías del pueblo dominicano.
La FJT representada por los abogados Henri Misael Adames, Cesar Noboa Valenzuela y Juan Tomas García, esperan una sentencia favorable, donde se restaure la institucionalidad y prime la justicia y racionalidad.
