La presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), María Elena Vásquez, afirmó que trabaja en coordinación con la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) y sus agencias internacionales para instalar una cultura de eficiencia, transparencia y competitividad en las licitaciones.
Planteó la necesidad de funcionarios comprometidos con la transparencia y la ética, y que comprendan la importancia del trabajo conjunto, coordinado y efectivo en defensa del Estado.
En sus palabras de apertura del taller “Nuevas tendencias de competencia a nivel mundial”, la funcionaria refirió que “la contratación del sector público, con independencia de que se trate de una actividad de compra o de prestación de servicios y de su cuantía, está sujeta a los principios inspiradores de la contratación pública y, entre ellos, la salvaguarda de la libre competencia”.
La actividad tiene como objetivo analizar los riesgos de competencia en el ámbito de contratación pública y presentar recomendaciones para hacer de las normas que la rigen una herramienta eficaz de protección de la libre competencia económica.
Vásquez advirtió que son claras las implicaciones de las prácticas restrictivas de la competencia en los procesos de contratación pública.
Especificó que la DGCP y Pro Competencia firmaron un acuerdo de colaboración técnica para fortalecer la investigación y la sanción de las prácticas colusorias en las contrataciones y la aplicación del marco legal vigente en estas instituciones.
Enfatizó que esta cooperación interinstitucional hará más competitivas las compras y contrataciones, “evitando con ello que no haya acuerdos entre competidores para licitar y dañar al Estado, ponerse de acuerdo para subir precios, repartirse territorio, lotes”.
Sin embargo, dijo que hay oportunidades de mejoras del sistema de normas, para lo cual han articulado alianzas con la DGCP, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Commercial Law Development Programo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre otras.
Conforme a Vásquez, el tiempo transcurrido de la promulgación de la ley 340 de 2006 sobre contrataciones públicas, y de la 42 de 2008, sobre defensa de la competencia, ha permitido comprender que existen distorsiones a partir del diseño legal del procedimiento de contratación y en aspectos que los compradores públicos toman dentro de la discrecionalidad que les permiten las normas procedimentales.
En el taller participan, además de la presidente de Pro Competencia, la subdirectora de la DGCP, Crystal Fiallo, y Karla Sánchez por USAID.
También William Kovavic, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad George Washington; Robert Anderson, profesor honorario de la facultad de Derecho de la Universidad de Nottingham; Juan Reyes, de Pro Competencia; Gianna Franjul, del Consejo Directivo de Participación Ciudadana, entre otros.
En el panel “Nuevas tendencias en competencia a nivel mundial”, se analizan los esfuerzos de Pro Competencia y la Dirección de Contrataciones Públicas para combatir las conductas anticompetitivas en los procedimientos de adquisiciones gubernamentales.
